Con el auge de las nuevas tecnologías y la inminente disminución de la brecha digital de la que gozamos hoy en día se abre un mundo de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, en Chile, se creó la Ley Marco 21.633 sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, como parte de la agenda que prioriza 31 proyectos de seguridad del gobierno.
En los últimos tiempos, hemos presenciado un incremento en la frecuencia y sofisticación de los delitos cibernéticos y los ciberataques, impactando negativamente en las cadenas de suministro, la infraestructura pública y las universidades, lo que ha afectado la prestación de servicios. Por ello, garantizar un entorno digital seguro es fundamental para los diversos derechos fundamentales en las esferas personales, laborales, gubernamentales y privadas.
La ciberseguridad actúa como un pilar esencial para contar con una economía protegida y respaldada, crecimiento del emprendimiento digital, entre otros beneficios y es crucial implementar legislación, políticas y medidas efectivas para combatir estas nuevas amenazas digitales.
Según un estudio realizado por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de los Estados Unidos y en base a las denuncias realizadas por los ciudadanos de dicho país, las tendencias actuales seguidas por los ciberdelincuentes son cinco: Filtración de datos personales, soporte técnico, phishing, extorsión, falta de entrega.
Es bajo este contexto, que durante los primeros meses del 2024 el gobierno del Presidente Gabriel Boric promulgó la ley 21.663 o Ley Marco sobre la ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, un hito en términos legislativos, dejando claro que Chile no sólo comprende, sino que también actúa frente a las futuras amenazas y reforzar la seguridad digital para ser considerado una referencia para otros países latinoamericanos.
Esta crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), organismo es el encargado de velar por la regulación, fiscalización y las respectivas sanciones a todos los organismos públicos y privados que prestan servicios esenciales (SE) y los operadores de vital importancia (OVI).
Con ello, según la información entregada por el gobierno, se busca fijar tres objetivos en términos generales:
Continua leyendo para conocer cuáles son las sanciones ⬇️
En caso de incumplimiento será la Agencia de Ciberseguridad quien aplicará las sanciones correspondientes. Las sanciones leves rondan desde los 0 a 5.000 UTM para los servicios básicos y hasta 10.000 UTM para los operadores de vital importancia.
Las sanciones consideradas graves van desde las 10.000 UTM para los servicios básicos y hasta los 20.000 UTM para los operadores de vital importancia. Y las gravísimas, desde las 20.000 UTM a las 40.000 UTM respectivamente.
Los avances y la implementación de la Ley Marco 21.633 han ido acompañados por otras medidas que ayudan a mitigar y prevenir los ciberataques, y como parte de la agenda de gobierno, hasta el momento, se han priorizado 31 proyectos de seguridad.
Se aprobó un marco regulatorio que permite hacerse cargo de algunos fenómenos que van asociados a las transformaciones digitales y delitos informáticos a los que se ha visto enfrentado Chile. Además, durante el año 2022 el Presidente Boric promulgó la nueva ley de delitos informáticos, posteriormente a finales del 2023 se aprobó el proyecto de ley marco 21.633 sobre ciberseguridad, para en marzo del presente año publicarse en el el Diario Oficial la ley que crea la nueva Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda.
Actualmente, se están dictando los reglamentos que implementan la Ley de Transformación Digital y también el proyecto de ley de protección de datos personales está en las últimas fases de tramitación.
Los ataques cibernéticos no dejan indiferente a nadie en el mundo, es por ello, que expertos han estudiado cuales son los países con menor y mayor riesgo de sufrir uno de estos delitos.
Para realizar estos estudios se combinaron tres aspectos importantes en la ciberseguridad el Índice Nacional de Ciberseguridad (NCSI) (actualizado en tiempo real), el Índice Global de Ciberseguridad (GCI) (2020) y el Índice de Exposición a la Ciberseguridad (CEI) (2020). Estas puntuaciones se suman y posteriormente se saca una media de ellas.
En conclusión, esto permitió determinar que los países del mundo mejor protegidos ante los ciberdelitos son: Bélgica, Finlandia, España, Dinamarca, Alemania, Lituania, Francia, Suecia, Reino Unido, Portugal.
En contraste con el otro extremo de países que cuentan con una débil o nula legislación con relación a estos temas como lo son, por ejemplo, Afganistán, Birmania, Namibia, Libia, Honduras, Camboya, Mongolia, Etiopía, Venezuela y Nicaragua.
